UN SISTEMA EFICAZ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Si bien el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está previsto en el Código Penal para el Distrito Federal desde el año 1996 – ordenamiento que en 1999 se convirtió en el Código Penal Federal–, lo cierto es que fue hasta el año 2004 cuando se sentaron las bases para que las autoridades tuvieran los elementos para realmente detectar y combatir las conductas que tipifican dicho delito.

En 2004 se modificaron las leyes que regulan a las diversas entidades o instituciones del sistema financiero con el objetivo de imponerles distintas obligaciones, entre otras, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal; presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportes de los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes o usuarios, que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal; conservar, por al menos 10 años, la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido , así como de aquellos actos, operaciones y servicios reportados, que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, etcétera.

En ese mismo año se emitieron las disposiciones de carácter general aplicables a las diversas entidades o instituciones del sistema financiero en las que se detalla cómo y en qué consisten las medidas y procedimientos que deben establecer para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Algunos años después, el 17 de Octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en virtud de la cual se imponen a diversas actividades y profesiones no financieras obligaciones similares a las que tienen desde 2004 las entidades e instituciones del sistema financiero.

Las obligaciones que tienen, tanto entidades financieras como entidades no financieras –quienes realizan las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17 de la LFPIORPI–, tienen como objetivo que a través de los reportes y avisos que envían a la Unidad de Inteligencia Financiera, ésta oficina tenga información que le permita detectar actos que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero e identificar a las personas que están participando en ellos, para poder iniciar las investigaciones correspondientes, presentar las denuncias respectivas y que finalmente los involucrados sean sentenciados y se les apliquen las penas por dichas conductas ilícitas. El lavado de dinero es una conducta o actividad que afecta el desempeño económico del país, la inversión, la infraestructura y reduce el ingreso fiscal, por ello se requiere que toda la normativa que se ha emitido para detectar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se traduzca en la implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero que funcionen con eficacia y prontitud.

En esta colaboración explicaremos cómo debe funcionar un sistema de prevención de lavado de dinero para que sea eficaz y cumpla su objetivo, logrando que se detecte a quienes incurren en las conductas de dicho ilícito, que se les investigue y que sean sancionados. 

Autor: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez.