LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL.

Para el año 2015 se estableció una reforma para el artículo 108, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismo que señala que el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF) el cual se refiere al lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provenga de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué esta adición del concepto de recursos? Porque evidentemente al hablar de ingresos en materia tributaria, tenían que ser propios de aquellos que menciona la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), es decir ingresos acumulables, ingresos gravables, y en consecuencia pues no podemos calificar como defraudación fiscal los ingresos en término fiscal cuando hablamos de producto que es lo que proviene del delito de lavado de dinero.

De ello, que fue necesario que el legislador mexicano incluyera el concepto de recursos adicional al concepto de ingresos (ingresos o recursos) para que de esa manera pudiéramos nosotros ahora sí conceptuar tanto los ingresos como los recursos para considerar el lavado de dinero proveniente del delito tributario. Podemos nosotros hablar de que el delito de defraudación fiscal, es decir aquellos conceptos como la cuota defraudada, lo que se deja de pagar de impuestos por una acción dolosa de un contribuyente, si esto se convierte en un concepto primario o en un concepto preferente para que puesta gestionarse en consecuencia la ilicitud del delito de lavado de dinero. Para muchas empresas, legalmente constituidas, el objetivo de alcanzar poder económico y un control de los mercados de bienes y servicios que ellas mismas abastecen frecuentemente motivan los progresos tecnológicos más asombrosos y benéficos para la humanidad. Esto sucede en los países con un Estado de Derecho funcional relativamente efectivo y creciente donde se estimula y protege la propiedad intelectual de todo tipo.

Así hablamos de vacunas, tratamientos contra diferentes tipos de cáncer, teléfonos inteligentes, y métodos de producción y comercialización que hacen accesibles bienes y servicios esenciales que se cuentan entre los innumerables resultados de las innovaciones tecnológicas basadas en inversiones privadas y públicas. Sin embargo, también existe un lado oscuro de la globalización y de la modernización económica alcanzada por medio de las más avanzadas tecnologías. Cuando se utilizan tecnologías innovadoras para cometer delitos complejos, socialmente muy costosos y que ocasionan un gran sufrimiento social. V. gr. El delito de trata de personas, o sea la compraventa de seres humanos, como una de las fuentes principales de cuantiosos recursos patrimoniales de fuentes ilícitas. La globalización creciente y cada vez más acelerada de distintas tecnologías, muchas de ellas empleadas en el movimiento de capitales y de personas no sólo han hecho posible incontables mejoras en la calidad de vida de la humanidad sino que también han causado un crecimiento y sofisticación sin precedentes de la delincuencia organizada.

Para comprender la naturaleza y el funcionamiento patrimonial de la delincuencia organizada o de la red criminal transnacional hemos revisado la definición que da la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que una red delictiva organizada se entenderá como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante una cantidad de tiempo estable y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Cuando hablamos de la definición general de un grupo económico mucho se señala que por qué el Código Fiscal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, estableció en el párrafo tercero del artículo 108, que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan recursos o ingresos que provengan del lavado de dinero. Esto significa que el legislador fiscal mexicano quiere que los ingresos que provengan de las actividades relacionadas con el lavado de dinero paguen impuestos. Esto desde el punto de vista que lo que se genera por parte de la delincuencia organizada no son ingresos, son productos, por lo tanto hay otras opciones como la incautación, como el decomiso, como la extinción de dominio, previo, antes de que quisiéramos nosotros regular o establecer que el ingreso proveniente del lavado de dinero deba pagar impuestos, como lo señala el artículo 108 CFF. Sin embargo, imaginemos estos delitos a los que nosotros estamos analizando o revisando, imaginemos la base, la esencia misma de lo que se tiene con relación a este tipo de delitos. No siempre debemos ubicar, tratándose de delincuencia organizada, exclusiva y únicamente el origen criminal ligado a actos del narcotráfico. No. Ese no es solamente, quizás sea uno o el de mayor ingreso que provenga para las arcas de la delincuencia criminal organizada, pero no sea el único de estos delitos que están esencialmente contemplados como elementos o fenómenos criminológicos que proporcionan o que generan el blanqueo de capitales o el lavado de dinero.

Me refiero, entre otros, incluyendo algo que nosotros en este momento tenemos que establecer que tiene que ver con esa sofisticación que genera estas acciones, o estos patrimonios vinculados a actos delictivos. ¿A qué delitos nos referimos? A todos aquellos que proporcionan no solamente el tráfico de drogas, sino también el tráfico de armas y municiones, el tráfico de recursos naturales, el de seres humanos, y los delitos que tienen efectos desastrosos y a menudo letales para miles y millones de personas, como la financiación ilegal de partidos políticos, el soborno, la corrupción pública y privada, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada, una larga lista de conductas que permiten actuar libremente al crimen organizado, con el altísimo nivel de complicidad del que disfruta. Y también, evidentemente al fraude fiscal. Se tratan de mecanismos y procedimientos que compran voluntades, al punto de permitir que el lavado de dinero quede impune en el 99% de los casos. El caso revelado recientemente por la ABC, esta televisión pública australiana que saca a la luz la connivencia entre la mafia italiana calabresa y destacados políticos australianos tanto del partido liberal como del partido laborista que ponen de manifiesto la cara más oscura de la globalización o de esta economía globalizada o mundializada.

¿Cómo pueden las organizaciones criminales estar en Italia, y sus antípodas al mismo tiempo en otro país como Australia, a cientos de kilómetros uno de otro? La respuesta es sobria. Esa contigüidad que permite y propicia que en países de institucionalidad débil ante la corrupción y la delincuencia organizada infiltren en los esquemas económicos y financieros mundiales al punto de hacer ineficientes y este problema no se da solamente ni únicamente en Estados pequeños en los que impera un desgobierno, sino también en los casos de escándalos recientes, se han manifestado inclusive en los Estados Unidos de América, luego de la publicación de una carta de la Senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren publicada en el New York Times el cuatro de junio del año 2015.

Carta que es dirigida a la responsable de la Securities and Exchange Commission 1 (SEC) y en un ejemplo elocuente, la Senadora Warren acusa a la Directora de la SEC de incumplir las promesas que al hizo al Senado de los Estados Unidos de América, al momento de la confirmación de su nombramiento, y de no abstenerse en más de 50 asuntos sometidos a su conocimiento que generan grandes niveles de fraude fiscal y lavado de dinero en negocios de bancos de Wall Street. Lo anterior, nos lleva a entender que el lavado de activos y el delito tributario o delito de defraudación fiscal aparecen entremezclados de modo que pueden evidenciarse dos grupos de casos: en el primero de ellos, el objeto material deriva del lavado de dinero y se discute si existe o no la obligación de pagar impuestos por los ingresos ilícitos o recursos ilícitos, que genera el lavado de dinero. En este caso, ya se ha pronunciado la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal Supremo español, que estableció limitaciones a la posibilidad de imputar un delito de defraudación fiscal en los casos de desbalance patrimonial imponiendo una regla de persecución subsidiaria. El precedente del tribunal español señala lo siguiente: cuando sean declarados incrementos patrimoniales que son consecuencia directa de un delito, no pueden servir a su vez para formar omisión de impuestos que configura el delito fiscal a menos si no ha existido una posterior transformación de esos activos patrimoniales.

En consecuencia, los delitos fiscales deducidos de incrementos patrimoniales no podrían tener origen delictivo y debe ser en todo caso objeto de investigación y acusación como delito contra la hacienda pública, pues solamente si el delito del que proceden los ingresos es objeto, finalmente, de condena, podrá absorber las infracciones fiscales. Pero si no lo es, por cualquier causa, los delitos fiscales deben ser autónomamente sancionados. Esta es la primera posición respecto a que se limite la posibilidad de imputar un delito fiscal en los casos en que hay discrepancia en los ingresos provenientes de lavado de activos. En el segundo grupo de casos sucede lo contrario. Se dice que el delito fiscal, en el caso mexicano, es un delito precedente o fuente de lavado de dinero.

Esta posibilidad viene desarrollada por organismos supranacionales que impulsan la prevención y la persecución de lavado de dinero. En particular, debemos subrayar que son las nuevas 40 recomendaciones de GAFI2 del año 2012 que incorpora expresamente como delito determinante para efectos de lavado de dinero los delitos fiscales relacionados con impuestos directos e impuestos indirectos. Esta opción es asumida por diferentes legislaciones en múltiples Estados y establecen, en el caso particular del mes de enero del año 2007 al mes de junio del año 2014, una serie de informes de las distintas oficinas o unidades de inteligencia financiera que dan cuenta de que los ingresos provenientes por lavado de dinero a nivel mundial rebasan los 2.5 billones de dólares. El ejemplo típico del delito de lavado de activos, en esta segunda postura: Un contribuyente domiciliado en nuestro país obligado al pago del ISR tiene ganancias que ascienden al equivalente a $100,000 USD que son frutos de una actividad lícita. Sin embargo, hace que le depositen esa suma de dinero en una cuenta que está registrada en un paraíso fiscal. El día que tiene que cumplir con el pago de sus contribuciones, se vale de un artificio cualquiera, en el caso del famoso artículo 69-B CFF, compra facturas falsas y omite pagar el equivalente al ISR correspondiente. Hay quienes dicen que en este caso, el delito de lavado de dinero no se consuma el día que ha nacido la obligación y está dentro del hecho imponible pagar el equivalente correspondiente al ISR. Y se dice que el contribuyente no consuma el delito de lavado de dinero con la mera tenencia del dinero ilícito, es decir el equivalente a la tasa que le corresponde pagar en esta caso pensemos en una tasa del 30% de los $100,000 USD que le depositaron tendría que haber pagado $30,000 USD pero él decide comprar facturas falsas y en consecuencia se elimina esa aparente carga fiscal con base en esos comprobantes falsos. Entonces, la consumación se daría según la primera teoría, si el contribuyente realiza transferencias, compras alquileres, o cualquier otro acto tendiente a insertar en el tráfico comercial legal el dinero obtenido ilícitamente.

Estaríamos hablando de aproximadamente de $30,000 a $35,000 USD, dándole apariencia de que ese dinero es legal. También se señala que habría consumación si la tenencia de dinero en la cuenta extranjera tiene por finalidad encubrir y ocultar la procedencia delictiva del dinero frente a los actos persecutorios de la administración de justicia, V. gr. A través del depósito del dinero en una cuenta en un paraíso fiscal desde una cuenta nominativa donde se percibió el pago de los ingresos lícitos pero que se omitió fraudulentamente el impuesto correspondiente. Como pueden apreciar, son múltiples los problemas que surgen en torno de este grupo de casos desde la delimitación del objeto material para efectos de comisión del delito de lavado de dinero, hasta el tratamiento de los casos de contaminación y descontaminación de los bienes que conforman la llamada cuota tributaria o cuota fiscal. Recapitulando, hemos referido que el tercer párrafo del artículo 108 CFF, establece que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se podrán perseguir simultáneamente. Y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, se señala que en este párrafo no se establece la conducta interna, es decir que no se establece que se presumirá lavado de dinero cuando se cometa el delito de defraudación fiscal. Este tema es un tema ampliamente abordado por la doctrina penal tributaria internacional y es por eso que nosotros nos damos a la tarea de presentarlo ante el foro. Se ha abordado y se dice en términos generales que el objeto material en el delito del lavado de activos se concreta en los bienes originados en un delito anterior. De ahí pues el planteamiento si la defraudación o la cuota defraudada son motivo de considerarse como lavado de dinero. En el caso particular de los delitos fiscales se establece que las diferentes modalidades del delito fiscal han generado un debate respecto a si el producto de la defraudación fiscal puede ser en todos los casos objeto material del lavado de dinero. En ese sentido, no existen dudas en considerar que la obtención fraudulenta de devoluciones o de subvenciones, esto es estímulos fiscales, lo obtenido pueda ser considerada como lavado de dinero en especial porque se produce un traslado de dinero de las arcas públicas al patrimonio del defraudador.

La polémica se centra más bien en determinar si la denominada cuota tributara, el impuesto que se ha dejado de pagar, o que el gobierno tiene el derecho de recaudar, puede considerarse como objeto material del delito de lavado de dinero. Pues en este caso, el delito fiscal no produce bienes, ni dinero, ni activos, que no estuvieran ya en poder del defraudador. Recordemos, que el lavado de dinero lo que busca es que esos recursos provenientes de un delito anterior o de una conducta ilícita anterior se introduzca o se incorporen a la economía formal, al sistema financiero formal. Por lo tanto, se dice si la cuota defraudada incluye la cantidad de dinero dejada de pagar ante el surgimiento de ese hecho imponible que obliga al contribuyente a pagar sus impuestos el cual incluye evidentemente esos incrementos patrimoniales no justificados que provienen de ese incremento de no haber enterado el impuesto correspondiente. La doctrina considera que la cuota defraudada no puede ser objeto material del delito de lavado de dinero y acuden a cuatro argumentos: Primero. No es lavado de dinero la defraudación fiscal porque hay una falta de objeto material. Es decir, el objeto material del delito de lavado corresponde a bienes que el autor obtiene del delito previo.

El autor obtiene algo que no tenía antes de haber cometido el delito. El defraudador fiscal sí tenía ya el dinero que puede ser un dinero lícito en su cuenta pero que deja de pagar el impuesto y por lo tanto no ha ingresado un dinero proveniente de ilicitud, sino que es un dinero que viene de fuentes lícitas del que debía de pagar impuestos pero que no los ha pagado. Segundo. Que haya tipicidad en la conducta porque se violaría el principio del non bis in ídem y aquí se dice que el defraudador hace uso de los impuestos, los convierte, los transfiere, los oculta, de modo que ya estaría cometiendo a la vez lavado de activos, ello es patente en aquellos sistemas que sancionan el lavado de dinero, la simple posesión del bien procedente de un delito.

Entonces, si se queda, si mantiene, si guarda en su poder el dinero ya automáticamente se está dando el delito de lavado de dinero. Si ustedes revisan el artículo 400 Bis CPF, automáticamente pues entramos a ese análisis referido esencialmente a los alcances del artículo mencionado. Y entonces dice que se impondrán de 5 a 15 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: posea, tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, el dinero con el que se ha quedado el defraudador fiscal porque no ha pagado impuestos habrá quien diga que es un dinero que está en posesión y que él sabe que proviene de un delito y que es el delito de defraudación fiscal o de una conducta ilícita que es no pagar impuestos. Entonces se habla de que es atípica la conducta porque ya no sería lavado de dinero pues que de antemano estaríamos en el supuesto de la conducta de defraudación fiscal y no de lavado de dinero. Otro elemento que se maneja que también elimina el que no se considere el delito de defraudación fiscal como lavado de dinero es cuando prescribe el delito de defraudación. El defraudador podrá ser perseguido por lavado de dinero en la medida que la mayoría de las legislaciones sanciona la simple posesión, como es el caso mexicano, y que son modalidades del lavado de dinero que se cometen de modo permanente. Ello, en consecuencia para quienes consideran que la prescripción del delito previo, esto es la defraudación fiscal, no descontamina los bienes, postura que otro tipo de doctrina la considera incorrecta o inaplicable. Tercero. Se habla desde el punto de vista político criminal que se desnaturaliza el sentido del delito de lavado de dinero pues se convierte en una herramienta más de control y recaudación fiscal que en su esencia combatir en el fondo a toda esta estructura que es la delincuencia organizada transnacional.

Estos argumentos, sin embargo, se oponen al sentido de la legislación penal. ¿Qué pasa aquí? Desde un punto de vista se señala que el impuesto, la cuota defraudada tiene origen delictivo y deriva de la comisión de un delito sencillamente porque es el resultado material de ese delito.

El impuesto dejado de pagar, en todo o en parte, al gobierno debido al incremento del riesgo que conlleva esa conducta fraudulenta. Desde esta perspectiva se establece que el autor del delito no gana nada o no recibe nada y por ese mismo motivo se discute qué pasa cuando ese señalamiento de esa parte de la doctrina que dice que ya tiene en su momento el recurso el defraudador fiscal que es lícito porque así lo obtuvo derivado de su actividad preponderante pero posteriormente se genera esa acción delictiva o ilícita de no pagar el impuesto a su cargo generándose el delito de defraudación fiscal pues se señala que si ya se tenía como dinero limpio pero que no se paga el impuesto, los que dicen que no aplica el delito de defraudación fiscal automáticamente se presenta la contraparte, la doctrina contraria y dice qué pasa con los delitos de apropiación ilícita, de peculado, de alzamiento de bienes, de administración desleal que son delitos fuentes de blanqueo de dinero pese a que en tales casos el autor tampoco recibe absolutamente nada, porque ya lo obtiene, ya lo ha tenido proveniente del delito precedente. Derivado de lo anterior, el problema central en los casos de lavado de dinero derivado del delito fiscal es cómo concretar o cómo individualizar cuáles son los concretos bienes que corresponden al objeto material del delito lo que aún es más complejo si se tiene en cuenta que por lo general el producto del delito tributario de la defraudación fiscal siempre es una suma de dinero.

Esto representa que hay que ver los límites de la contaminación del patrimonio del defraudador con lo que es ingresos lícitos e ingresos ilícitos derivados de ese fraude fiscal que se contamina su cuenta bancaria porque tiene tantos los ingresos que son lícitos como los ingresos ilícitos. Lo importante es determinar el momento preciso de la consumación del delito de defraudación fiscal que genera los bienes que son motivo o el precedente del lavado de dinero. El momento de contaminación de los bienes integrantes del impuesto no pagado o impuesto defraudado se produce cuando se vencen los plazos administrativos establecidos en la ley para declararlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras ello no ocurra, todos los actos de conversión, trasferencia, ocultamiento, posesión o tenencia que recaigan sobre los bienes, no podrán considerarse como lavado de dinero porque aún no tienen el carácter delictivo. En otros casos, el acto de la liquidación definitiva del impuesto se realiza mucho después del acaecimiento de esos plazos. V. gr. Cuando la administración de auditoría fiscal realiza un procedimiento de fiscalización para determinar si existe o no un impuesto defraudado y a cuánto asciende este. En todo caso, hasta que no exista una decisión definitiva sobre la existencia de una cuota defraudada, no podrá considerarse que existan bienes susceptibles de ser blanqueados. Ello incluye el tiempo que pueda tomar la resolución definitiva de todos los actos de impugnación administrativa o judicial que pueda llevar adelante el contribuyente. De postular lo contrario, implicaría introducir un espacio de arbitrariedad e inseguridad jurídica porque mientras se tramita un recurso, un juicio, un amparo, lo que evidentemente corresponde al derecho legítimo del contribuyente a ese ejercicio del derecho de defensa, el contribuyente podría en simultáneo ser perseguido tanto por el delito fiscal como por lavado de dinero en tanto realice actos de transferencia o de ocultamiento. Es decir, a pesar de que en el sistema mexicano el modelo permite la dualidad de acciones por un lado la vía administrativa y por otro lado la vía penal nosotros consideramos que cuando se pretenda darle al delito fiscal a la defraudación fiscal considerarla como fuente o como objeto material del delito de lavado de dinero, tendría que estar esencialmente determinado por resolución definitiva que establezca necesariamente.

En el caso de lavado de dinero se da como objeto material o el delito precedente, la defraudación fiscal siempre en todos los casos deberá mediar sentencia definitiva que no admita impugnación de que efectivamente se está en presencia de un delito fiscal. Luego, incluso si se llegase a considerar que mientras dure la impugnación los bienes ya están contaminados, el acusado de lavado de dinero podría alegar inclusive la existencia de error de tipo porque desconoce el elemento típico origen delictivo de los bienes aunque habrá espacio para que se impute el dolo eventual por la propia existencia de la impugnación que hace contingente la determinación del impuesto, he inclusive pueda imputarse en algunas legislaciones como la española, la peruana o la argentina, imprudencia grave. En todo caso, una vez establecido el impuesto defraudado, si el contribuyente decide pagarlo haciendo uso de su patrimonio, el acto es atípico porque no se orienta a opacar el origen ilícito de determinados bienes sino a la ejecución o cumplimiento de una obligación de derecho público. Como vemos, la individualización de los bienes, es un elemento sine qua non del que en todo momento el contribuyente estar ubicando el tratamiento de esta mezcla de bienes, es decir en esta casuística sobre lavado de dinero son bastante comunes los supuesto de mezcla de bienes, esto es la combinación de bienes de origen delictivo con los de fuente lícita. V. gr. El depósito del dinero de un delito anterior en la cuenta bancaria personal con fuente de negocios legales. 

Como sucede en la defraudación fiscal, el contribuyente conserva los recursos financieros de origen lícito, pero están ahí también aquellos que forman parte de la cuota tributaria defraudada y que hacen que se dé esta mezcla. En tales casos surge la cuestión en torno a si todo el producto de la mezcla está contaminado o si toda la mezcla debe reputarse como lícita porque parte de los bienes son de origen legal y otros de origen ilícito. Los casos de mezcla, cuando los bienes de fuente ilícita derivan del delito de defraudación fiscal tiene como punto de partida la identificación de los concretos bienes contaminados con las limitaciones que se han estado exponiendo.

Desde esa perspectiva, si una cuenta bancaria de $1,000’000 MXN, incluye medio millón originado en defraudación fiscal quien conociendo el origen ilícito de esa situación transfiere $800,000 MXN se dice que realiza el tipo de lavado de dinero porque al menos $300,000 MXN están contaminados. Acorde con ello hay quienes dicen que si alguien ha defraudado $700,000 MNX y todo su patrimonio líquido está en una única cuenta bancaria que tiene $1,000,00 y transfiere a un tercero la suma de $300,000 MXN no puede admitirse la tesis según la cual parte de lo transferido está contaminado. Y sólo habrá delito si es que la transferencia supera el impuesto adeudado. Estas situaciones nos llevan a un sinfín de efectos relacionados con la posición de la mezcla de los bienes dentro de una misma cuenta bancaria cuando se tratan de bienes lícitos que provienen de actividades lícitas o aquellos que provienen de actividades ilícitas. Es decir, $1,000’000 MXN de actividades lícitas preponderantes de la actividad del contribuyente pero que a su vez ha realizado alguna otra actividad delictiva no fiscal e incorpora un millón de pesos a su cuenta bancaria de modo que habrán dos millones de pesos en la cuenta bancaria. El problema se da cuando todos los bienes que están en la cuenta bancaria del contribuyente son bienes de actividad lícita pero que ahí mismo se conserva la parte de la cuota defraudada no enterada al fisco federal y pensemos el caso de un millón de pesos de ingreso acumulable que corresponde una cuota defraudada de $350,000 MXN que se conservan en la cuenta, de acuerdo a la doctrina, esa cuota defraudada es la fuente ilícita que provoca la defraudación fiscal y en consecuencia el lavado de dinero.

Estamos ante temas de altísima relevancia que obligan a plantear estos temas de una manera muy clara y muy profunda que es necesario estar revisando y replanteando porque no perdamos de vista que nuestra legislación permite que se persigan simultáneamente ambos delitos (lavado de dinero y defraudación fiscal).

Esto va a dar pie en los próximos tiempos se tenga que vincular perfectamente un análisis muy profundo en esta materia y poder determinar vía los dictámenes contables, periciales correspondientes cuando estemos en presencia de una cuenta bancaria mezclando recursos financieros lícitos y otros que no lo son y donde podríamos hablar de que se ha defraudado al fisco y se conserva en esa cuenta bancaria esos bienes producto de la defraudación fiscal y si son contaminados completamente todos los bienes financieros en esa cuenta bancaria o si exclusivamente tendría que darse la situación de ubicar cuáles son y por qué motivo se consideran las determinaciones de esos bienes que son materia de defraudación fiscal y que generan lavado de dinero. Recordemos que el próximo mes de junio estará entrando en vigor la obligatoriedad de llevar todos los procesos en materia penal vía juicio oral. Será mayor la importancia de cómo se defiendan estos casos, ya que como se mencionó líneas atrás, hoy en día el desarrollo tecnológico mundial hace que el lavado de dinero, incluyendo todas las peculiaridades de los delitos que genera la delincuencia organizada transnacional incluyan al delito de fraude fiscal pedido por los organismos internacionales principalmente la OCDE y GAFI como un delito que genera activamente lavado de dinero. 

Autor: Dr. Jesús Agustín Celorio Vela.