EL SEGURO SOCIAL TIENE LA OBLIGACION DE ATENDER A TODAS LAS EMBARAZADAS QUE PRESENTEN UNA URGENCIA, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ESTAS SEAN ASEGURADAS, BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES.

Hemos dejado señalado en artículos anteriores que se necesita ser trabajadora o beneficiaria, ya sea esposa, madre o concubina de un asegurado para poder acceder a las prestaciones en especie que otorga el seguro social, pues el primer requisito para que una persona reciba las prestaciones que consagra la Ley del Seguro Social es que esta, esté afiliada a dicho organismo.

No obstante lo anterior, el día doce de noviembre del dos mil quince, se publicó en el diario oficial de la federación la reforma que sufrió la fracción V del artículo 89 de la referida Ley del Seguro Social, en la cual, destaca que, en el Instituto Mexicano del Seguro Social será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, bastando únicamente que esta atención sea solicitada de manera directa por la embarazada en las unidades con atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento de los que presta el citado organismo.

De lo anterior se desprende que toda mujer que se encuentre embarazada y presente una urgencia, de manera obligada debe ser atendida en urgencias de cualquier unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se preste esa clase de servicios (gineco-obstetra) SIN QUE SEA NECESARIO SER TRABAJADORA ASEGURADA O BENEFICIARIA, NI ESTAR AFILIADA A DICHO ORGANISMO. La medida anterior nos parece justa, adecuada, equitativa y solidaria, ya que el Instituto Mexicano del seguro Social, está considerado como el instrumento básico de la Seguridad Social, establecido como un servicio público en términos del artículo 4.

De la citada Ley del Seguro Social. Por ello, a partir de que entró en vigor esta reforma, toda mujer que se encuentre embarazada tiene derecho a acudir a cualquier unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, y este en términos de Ley tiene la obligación de atender la urgencia que presente cualquier embarazada sin que pueda negársele el servicio que requiera bajo el pretexto de no ser beneficiaria.

En efecto, la reforma que sufrió el artículo citado, seguramente podrá impedir que las cifras de mortandad sigan elevándose, pues de todos es conocido que gran número de mujeres se agraven e inclusive pierdan la vida, por haber recibido una mala atención por parte de médicos privados que carecen de conocimientos especializados en materia de gineco-obstetricia o en su caso mujeres que pierden la vida por carecer de recursos económicos para contratar o acudir para su atención medica de un especialista privado, cuestiones que suceden cuando las mujeres embarazadas no se encuentran afiliadas a una institución de salud, como son el IMSS, el ISSSTE u otro organismo que preste servicios médicos.

Es menester precisar que el citado artículo 89 antes de la reforma solo contaba con cuatro fracciones, pero a partir de la reforma que comentamos literalmente quedo se la siguiente manera: Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

I. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones; II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes; III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos.

Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa; IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera, y V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Fracción adicionada (DOF 12-11-2015) En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que con respecto a los servicios médicos se expidan.

 

En líneas anteriores se comentó que esa reforma nos parece justa, equitativa y solidaria, pues se prestará atención a las embarazadas que tengan una urgencia obstétrica; pero ahora surge la interrogante ¿qué entenderán los médicos del referido Instituto como urgencia obstétrica?, interrogante que nace en razón de que personal administrativo del IMSS, en mucha ocasiones, sin ser perito en medicina, ya que se trata de auxiliares administrativos, asistentes médicas o trabajadoras sociales, se atreven, sin opinión de un médico, a calificar el estado de salud de las personas que requieren los servicios de dicho instituto y se insiste, sin ser peritos en medicina, califican el estado físico de quien requiere los servicios y con esa calificación, ese personal administrativo decide si la persona que acude a los servicios de urgencias “pasa” o “no pasa” al consultorio o al área de urgencias para ser atendida y valorada por un médico; es decir, la persona que administrativamente lleva el control de los pacientes que ingresan a un nosocomio es quien, sin contar con conocimientos en medicina, “califica la urgencia del caso” sin siquiera saber auscultar o sin checar el estado que presenta la persona que acude a requerir los servicios de urgencias; actuación que en muchas ocasiones ha traído resultados indeseables, pues en algunos casos, dada la gravedad del paciente acuden a servicios particulares con el consecuente recurso o juicio que promueven los derechohabientes para el reintegro de gastos médicos que, desde luego, en todos los casos procede, pues los pacientes a quienes se les negó el servicio -incluso siendo derechohabientes- al no ser atendidos, acuden a médicos particulares debiendo pagar los servicios de estos, incluso, pidiendo dinero prestado para pagar al galeno que atendió al familiar a quien se le negó la atención de urgencia, pero esto sucede en el mejor de los casos, ya que en otros, que por cierto no son pocos, los pacientes a quienes se le niega la atención de urgencias se trasladan a su domicilio sin la debida atención y por carecer de recurso económicos no acuden a que los atiendan médicos particulares, agravándose su estado de salud, gravidez que en muchas ocasiones provocan la muerte del paciente en su mismo domicilio y en otras ocasiones fallecen en los servicios de urgencia de los hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, etc. los cuales al ver que ya son pacientes moribundos SI los reciben solo para darles las ultimas atenciones, pues por su gravedad y avanzada enfermedad fallecen en el mismo nosocomio donde le negaron inicialmente la consulta de urgencia, que quizá hubiere salvado su vida. Para evitar la negativa de la obligación de prestar servicios a las embarazadas, debemos recordar que por GINECOLOGÍA se entiende a la especialidad de la medicina dedicada al cuidado del sistema reproductor femenino.

 

Los ginecólogos, por lo tanto, son los especialistas que atienden las cuestiones vinculadas al útero, la vagina y los ovarios y, por OBSTETRICIA debemos entender a la rama de la medicina que cuida la gestación, el parto y el puerperio (el período que abarca desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado que tenía antes de la gestación). Estos conceptos debemos entenderlos a la perfección porque si se tratara de cuestiones ginecológicas no aplicaría la prestación del servicio. Nos parece importante señalar que esta reforma tiene otro trasfondo el cual es que tanto la persona que necesitandolo no es atendida, así como los familiares de esta, tienen el derecho de acudir a diversas instancias como son LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO, LAS COMISIONES ESTATALES DE ARBITRAJE MÉDICO QUE EXISTEN EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, PARA PRESENTAR SU QUEJA POR LA NEGATIVA DE ATENCIÓN CUANDO SEA INJUSTIFICADA Y HAYA PUESTO EN PELIGRO LA VIDA DE LA PACIENTE O HAYA AFECTADO LA SALUD DE LA PERSONA A QUIEN SE LE NEGO EL SERVICIO, E INCLUSO, ACUDIR AL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A DENUNCIAR A LA INSTITUCIÓN Y PERSONAS QUE ESTANDO OBLIGADOS A PRESTARLO, HAYAN NEGADO EL SERVICIO Y HAYA TRAIDO HECHOS LAMENTABLES, INCLUSIVE, LA MUERTE DE LA PACIENTE QUE REQUIRIÓ LOS SERVICIOS Y SIN CAUSA JUSTIFICADA LE FUERON NEGADOS. Instancias que en su caso resolverán mediante un arbitraje la cuestión planteada y en otros casos ejercitaran acción penal en contra de las personas responsables de la negativa del servicio que trajo como consecuencia hechos lamentables en las personas, acción penal que de proceder, daría como resultado diversas sentencias penales que condenarían al pago de la reparación del daño físico y moral, pudiendo inhabilitar a los responsables para el desempeño de su profesión hasta por diez años o pérdida del derecho para ejercer la profesión, pues estas acciones pueden violentar en perjuicio de los requirentes disposiciones de la ley de salud y del código penal federal o de códigos penales de las diversas entidades federativas, con el agravante que dichos delitos fueron cometidos por servidores públicos que también pueden ser suspendidos, destituidos e inhabilitados para desempeñar otros cargos en el servicio público.

Precisado lo anterior y para mejor comprensión se deben considerar los conceptos de EMERGENCIA y URGENCIA, loa cuales significan: Emergencia: Según el diccionario de la Real Academia Española, emergencia significa "suceso o accidente que sobreviene" o también "situación de peligro que requiere una acción inmediata". Según la Asociación Médica Americana, es aquella situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital. También se dice que en una emergencia, la persona afectada puede llegar hasta a la muerte en un tiempo menor a una hora. Urgencia: Según la Asociación Médica Americana (AMA), urgencia es toda aquella condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.

Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgencia se puede definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Según la OMS, urgencia también es definida como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar complicaciones mayores. Es menester precisar que en ambos conceptos se requiere una asistencia o acción inmediata. Así las cosas podemos llegar a la conclusión que toda mujer que se encuentre embarazada o en estado de gravidez que presente una urgencia tiene derecho a ser atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este a su vez tiene la obligación de brindar ese servicio a la mujer que lo requiera, sin que sea necesario que esta sea asegurada o beneficiaria. Solo nos queda la tarea de hacer público este beneficio pues no todas las personas conocen la reforma en cuestión y por lo tanto no saben que aun en el caso de no ser aseguradas pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social y exigir, con respeto, se observe el derecho que tienen a ser atendidas. De la responsabilidad en que incurran los trabajadores del citado Instituto, nos ocuparemos en otro espacio.

Atte. Lic. Jesús Téllez Hernández